(pel seu interès, reproduïm una notícia publicada recentment en la secció de València de l’edició impresa del diari El Mundo)

El juez imputa al alcalde de El Puig por prevaricación y delito electoral en 2011

La Fiscalía sospecha que manipuló el censo para hacerse con la victoria electoral

Gema Peñalosa. Valencia

El caso de los presuntos empadronamientos ilegales en El Puig que pudieron darle la Alcaldía al PP tras las elecciones de 2011 se va haciendo grande en el juzgado tras el demoledor informe que presentó la Fiscalía Provincial de Valencia y que señalaba que el primer edil, José Miguel tolosa -al que varios tránsfugas dieron la vara de mando en la pasada legislatura-, pudo haber prevaricado y falseado documentos para hacerse con la poltrona municipal. El asunto ha subido un peldaño más con la imputación de Tolosa que, tras la supuesta irregularidad en el padrón, alcanzó el sillón consistorial con mayoría absoluta por sólo ocho votos de diferencia.

El juez que instruye el asunto le imputa un delito de prevaricación y otro delito electoral en un asunto especialmente delicado para el municipio, dado el pingüe número de sufragios que dieron la victoria al primer edil. El proceso avanza y Tolosa ya se ha sentado ante el magistrado instructor.

Su declaración fue breve y en ella negó todas las acusaciones y, según el testimonio al que ha tenido acceso este periódico, insistió en que nunca alteró el censo, tal como sí entienden los denunciantes y el Ministerio Fiscal. Asímismo, rechazó que el padrón se manipulara con ayuda de sus familiares y allegados, como recogía el fiscal en la documentación remitida al juzgado que investiga el asunto.

Tolosa no se quedó ahí y realizó una huida hacia adelante ante el juez. Dijo que al conocer la denuncia que se había presentado en su contra, la puso en conocimiento de la Secretaría del Ayuntamiento para que se impulsara un expediente con la depuración del padrón.

El asunto llegó a la Fiscalía tras las sospechas iniciales de los denunciantes de que algo no encajaba. Una vez superados los indicios, se comprobó que en muchos domicilios vivían personas que no compartían apellidos, por lo que el PSPV decidió interponer una denuncia. Fue en noviembre del año pasado, cuando consiguió recopilar y avalar toda la información de la que disponía.

La Fiscalía Provincial de Valencia estudió la documentación y el 14 de febrero de 2012 se pronunció. Tras su investigación, se pronunció con unas conclusiones contundentes y muy duras. Los hechos, aseguró entonces, “pueden ser constitutivos de un delito de prevaricación e incluso de un delito de falsedad documental, por la probable manipulación del censo electoral donde figuran empadronados en el Ayuntamiento de El Puig personas que no residen allí y tienen una relación familiar con el alcalde y su pareja sentimental”.

Según la denuncia validada por la Fiscalía, las 26 personas que supuestamente quedaron censadas de forma ilegal en ocho viviendas son familiares de la que hoy es esposa del alcalde (que, a su vez, es sobrina del presidente de la Fundación del Valencia, Társilo Piles) así como trabajadores de la empresa de su padre y amigos. Atendiendo al escrito, los padres, los dos hermanos y dos primos de la mujer de Tolosa convivirían junto al alcalde en su casa. Ella “curiosamente figuraba como empadronada en la casa de la abuela” del primer edil.

El escrito plasma convivencias tan dispares como la de “una tía de la novia del primer edil con un amigo de un primo de la misma y con relación laboral con un familiar directo del alcalde y, a su vez, una amiga de este”. También constan cinco censados en una casa de planta baja “vacía” o las cinco personas inscritas en un piso “propiedad de la hija y del yerno de un dirigente del PP que está en venta y en la que no vive nadie”.

En otra casa de los padres del alcalde, aparecen como empadronados una tía y dos primas “no residentes en El Puig”. En el documento también se afirma que en la casa de una madre de una edil del PP, están empadronados dos tíos y una prima de la esposa del primer edil de El Puig.

“Todo es una campaña de desacreditación”

José Miguel Tolosa aseguró ayer a este periódico que su estrategia es la de “colaboración máxima con la Justicia” en relación con el asunto que le mantiene imputado. Pese a la gravedad de los delitos que se le imputan asegura estar “tranquilo” y replica que el proceso judicial que tiene abierto por supuestas irregularidades en el censo municipal obedece a “una campaña de desprestigio”. “Todo es falso. Nunca hubo ninguna alteración del padrón”, indicó.

El alcalde de El Puig sentenció que ante el juez que instruye la causa defendió la legalidad de su actuación y que nunca hubo delito en ella. Además, tal como resaltó, insistió en dejar claro ante el magistrado que todo es una campaña en mi contra sin fundamento”.

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